Tema: Comercial & Jurídico

Serán los mismos prestadores del servicio quienes deberán determinar aspectos tales como la bidireccionalidad, los mecanismos de verificación de autenticidad, los procedimientos de aseguramiento de la información y los símbolos o signos que permitan a sus usuarios establecer la autenticidad de sus redes, toda vez, que la Superintendencia de Servicios Públicos no puede emitir condiciones o verificar el cumplimiento de requisitos frente al uso de redes sociales por parte de sus vigiladas como medio de comunicación, hasta tanto tal materia no se haya regulado.

En la derogatoria de las normas no realizaron distinciones de ningún tipo y, por tanto, deberá concluirse que la derogatoria aplica indistintamente sin importar el tamaño de la empresa. Por otra parte, también es preciso señalar que la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio aplica para cualquier sociedad comercial indistintamente de su tipo societario o tamaño empresarial.

En la medida en que, tanto la acción de «acreditar», como la de «aportar» experiencia, se concretan en demostrar en el proceso de selección, mediante documentos, que los miembros del proponente plural han realizado actividades que los hacen idóneos para la ejecución del objeto contractual ofertado, cumpliendo con la condición del porcentaje, se tiene que estos dos términos tengan significados asimilables que los ubican en una relación de sinonimia.

La entidad deberá descontar los valores del presupuesto oficial, dimensiones y longitudes relacionadas con las actividades que se encuentran por fuera del requisito de experiencia, con el fin de establecer si un contrato tiene varias actividades, de las cuales se ajustan a lo exigido por la matriz 1. Así las cosas, en la evaluación de la experiencia, la entidad contratante solo deberá tener en cuenta los porcentajes del presupuesto oficial y las longitudes relacionadas con las actividades que sí cumplen con los requisitos de experiencia exigidos por la Matriz 1 consignados en el literal A del numeral 3.5.2 del Documento Base.

Los criterios diferenciales para Mipymes depende de las conclusiones del análisis del sector, sin embargo, el inciso segundo y el parágrafo del artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 disponen, respectivamente, que “el Gobierno Nacional reglamentará la definición de los criterios diferenciales, sobre reglas objetivas (relacionadas con “requisitos diferenciales» y «puntajes adicionales”) que podrán implementar las Entidades Estatales” y que “dentro de los criterios diferenciales que reglamente el Gobierno Nacional se dará prioridad a la contratación de producción nacional sin perjuicio de los compromisos comerciales adquiridos con otros Estados”. Por lo tanto, esta norma requiere el desarrollo reglamentario como una condición previa para su aplicación.