En respuesta a lo anterior, la entidad observó La Ley 996 de 2005 establece dos tipos de restricciones en materia de contratación. En primer lugar, la del artículo 33 que opera solo respecto de las elecciones presidenciales, en virtud de la cual queda proscrita la contratación directa dentro de los cuatro meses anteriores a la celebración de los comicios, salvo las excepciones establecidas en el mismo artículo. Sin embargo, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las votaciones más altas, conforme al artículo 190 de la Constitución Política. Para estos efectos, la restricción se extenderá hasta la fecha en la que se realice la segunda vuelta.  

En segundo lugar, también se encuentra la prohibición del parágrafo del artículo 38, el cual debe aplicarse respecto de cualquier tipo de contienda electoral, y que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones. En este sentido, cada entidad estatal deberá programar oportunamente la celebración de los contratos, aun cuanto estos se deriven de órdenes judiciales, para no incurrir en las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías Electorales.